Colombia y la seguridad hemisférica: liderazgo, Estado de derecho y crimen transnacional

América Latina y el Caribe ya no pueden ser considerados una periferia estratégica. La región concentra rutas marítimas, puertos, energía, minerales críticos, cadenas logísticas, sistemas financieros, flujos migratorios y una creciente presión criminal que afecta directamente a la estabilidad política, económica y jurídica de todo el hemisferio. En este nuevo contexto, la seguridad regional ha dejado de ser una cuestión estrictamente policial para convertirse en un problema de soberanía, gobernanza, desarrollo económico y Estado de derecho. Cuando una organización criminal controla un territorio, influye en aduanas, domina cárceles, condiciona a autoridades locales, corrompe funcionarios, interviene en la contratación pública o controla corredores logísticos, ya no estamos únicamente ante un fenómeno delictivo. Estamos ante una disputa por la capacidad efectiva del Estado para ejercer soberanía. Ese es probablemente uno de los elementos esenciales para comprender la transformación de la seguridad hemisférica. El crimen organizado contemporáneo no actúa exclusivamente como una estructura clandestina dedicada al tráfico de drogas. Se comporta cada vez más como un actor económico, territorial y, en determinados espacios, incluso político. Controla mercados, impone precios de protección mediante la extorsión, regula territorios, financia redes de corrupción y utiliza los beneficios obtenidos en unas actividades criminales para expandirse hacia otras. En este escenario, Colombia puede encontrarse ante una oportunidad para recuperar una posición de liderazgo regional en materia de seguridad. Pero ese liderazgo no puede basarse únicamente en declaraciones políticas o iniciativas diplomáticas. Para ser creíble debe convertirse en instituciones, cooperación operativa, resultados verificables y respeto estricto al Estado de derecho. La discusión resulta especialmente relevante para México. México no es un observador externo de la seguridad hemisférica. Es uno de sus principales nodos. Su posición geográfica, su extensa frontera con Estados Unidos, la dimensión internacional de sus organizaciones criminales y su papel dentro de las cadenas del fentanilo, las metanfetaminas, las armas, el lavado de dinero y la logística convierten al país en un actor indispensable de cualquier arquitectura regional seria. La seguridad mexicana es, por tanto, simultáneamente una cuestión nacional, hemisférica y norteamericana. Del narcotráfico a los mercados criminales Durante décadas, la política de seguridad latinoamericana estuvo dominada por una interpretación relativamente sencilla: combatir organizaciones criminales identificables, capturar a sus líderes, destruir sus estructuras y recuperar los territorios que controlaban. Ese paradigma sigue siendo necesario, pero ya no es suficiente. Las organizaciones criminales del siglo XXI funcionan con estructuras mucho más flexibles. Aparecen redes, franquicias, alianzas temporales, intermediarios, subcontratistas, facilitadores financieros, brokers químicos y nodos logísticos capaces de sobrevivir a la captura o eliminación de un líder. El problema fundamental no es únicamente la organización. Es el mercado. Mientras una actividad criminal siga siendo extraordinariamente rentable, la desaparición de un grupo puede generar simplemente la aparición de otro actor dispuesto a ocupar ese espacio. Además, los mercados ilegales se alimentan mutuamente. La cocaína financia la adquisición de armas. Las armas protegen explotaciones de minería ilegal. La minería puede servir para lavar beneficios procedentes de otras actividades. Las rutas de migración irregular pueden ser utilizadas para el tráfico de personas y mercancías. La corrupción municipal facilita contratos, licencias y protección administrativa. Y determinadas cárceles funcionan incluso como centros de mando y reclutamiento. Por esta razón, una política moderna contra el crimen organizado debería analizar fundamentalmente los flujos: dinero, mercancías, personas, armas, precursores químicos, información, documentos, contenedores y protección política. La unidad de análisis deja así de ser únicamente “el cartel” para convertirse en el ecosistema criminal. El enorme coste económico de la inseguridad La dimensión económica de este problema resulta igualmente preocupante. Según los datos recogidos en el documento base, el Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que los costes directos del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe equivalen aproximadamente al 3,44% del PIB regional. La cifra ofrece una dimensión económica extraordinaria del problema. Alrededor del 47% de ese coste corresponde a gastos privados de empresas en seguridad y mitigación. Aproximadamente un 31% corresponde al gasto público destinado a prevención, policía, justicia y prisiones. El 22% restante se relaciona con pérdidas de capital humano provocadas por homicidios, lesiones y encarcelamiento. Pero incluso estas cifras no reflejan completamente las consecuencias económicas de la inseguridad. La pérdida de inversión, la emigración de talento, la reducción del turismo, el aumento de los seguros, los gastos de escoltas, la modificación de rutas logísticas, el cierre de negocios o la expansión de la economía informal generan costes adicionales difíciles de cuantificar. El crimen organizado funciona, en cierta medida, como una verdadera economía paralela. Asigna recursos, determina precios, controla territorios y condiciona decisiones empresariales. De ahí que seguridad y desarrollo económico no puedan seguir siendo tratados como políticas separadas. Una economía puede disponer de infraestructuras, tratados comerciales o ventajas de localización, pero si sus puertos, carreteras, municipios o sistemas judiciales están sometidos a presión criminal, las posibilidades reales de crecimiento disminuyen. También el llamado nearshoring depende de esta cuestión. La relocalización de cadenas productivas hacia América Latina no se producirá automáticamente por razones geográficas. Exige seguridad jurídica, seguridad física, logística fiable, energía, capital humano e instituciones previsibles. Una región con elevada criminalidad organizada Los indicadores internacionales reflejan además la dimensión regional del fenómeno. El Global Organized Crime Index 2025 de GI-TOC sitúa a varios países latinoamericanos entre aquellos que presentan mayores niveles de criminalidad organizada. De acuerdo con los datos recogidos en el documento, Colombia aparece en segundo lugar global, con una puntuación de 7,82, mientras México ocupa el tercero, con 7,68. Ecuador y Paraguay comparten el cuarto lugar con 7,48. Honduras, Brasil, Venezuela, Panamá y Guatemala también aparecen entre los veinticinco primeros puestos. Estas clasificaciones no deben interpretarse como una condena de los Estados o sociedades afectados. Deben entenderse como indicadores de la presión que diferentes mercados criminales ejercen sobre sus instituciones. Y esos mercados se han diversificado enormemente. Cocaína, fentanilo, metanfetaminas, tráfico de armas, minería ilegal, trata de personas, migración ilícita, extorsión, ciberfraude, contrabando, corrupción y lavado de activos forman actualmente parte de ecosistemas criminales conectados. Cocaína, fentanilo y drogas sintéticas La evolución del mercado de drogas demuestra especialmente bien esta transformación. Según los datos del World Drug Report 2026 de UNODC incluidos en el documento, la producción de cocaína en Sudamérica habría alcanzado aproximadamente 4.100 toneladas en 2024, más de cuatro veces el volumen estimado en 2014. Colombia continuó ocupando una posición central dentro de este mercado. Las incautaciones realizadas en el país alcanzaron las 966 toneladas en 2024, aproximadamente el 40% del total global señalado en el documento. Pero limitar la estrategia antidrogas a la coca supondría interpretar el problema con categorías del pasado. El fentanilo y las metanfetaminas funcionan de manera diferente. Estas sustancias dependen menos de grandes superficies agrícolas y mucho más de precursores químicos, laboratorios clandestinos, corredores comerciales, intermediarios internacionales, servicios de paquetería, redes portuarias y sistemas financieros. Esto significa que el laboratorio y el puerto pueden ser hoy tan importantes como el cultivo. Por ello, una verdadera estrategia hemisférica debería combinar control de precursores, inteligencia financiera, trazabilidad portuaria, cooperación judicial, interdicción selectiva, prevención de adicciones y control de armas. La frontera entre política de drogas y seguridad nacional se ha vuelto progresivamente más difusa. Colombia y el desafío territorial Colombia reúne una combinación particular de ventajas y dificultades. Entre las primeras se encuentran su experiencia histórica en materia de seguridad, la capacidad de sus instituciones militares y policiales, su diplomacia, la cooperación acumulada durante décadas con Estados Unidos y su presencia en organismos multilaterales. Sin embargo, el territorio continúa siendo el gran desafío. El documento recoge que el monitoreo de cultivos de coca correspondiente a 2024 registró aproximadamente 261.000 hectáreas, lo que supondría un incremento del 3,5% frente al año anterior. Además, determinados análisis apuntan a una fuerte concentración territorial: una parte significativa de los cultivos se localizaría en un número relativamente reducido de municipios de departamentos como Nariño, Cauca, Norte de Santander y Putumayo. Esa concentración podría facilitar estrategias focalizadas, pero no permite soluciones simplistas. La recuperación territorial requiere algo más que operaciones militares o policiales. Cuando el Estado entra temporalmente en un territorio y posteriormente se retira, los mercados ilegales tienden a reconstruirse. Pero la presencia estatal tampoco puede limitarse a la fuerza pública. Debe incluir justicia, carreteras, crédito, servicios públicos, oportunidades económicas, protección de líderes locales, control de la corrupción y acceso efectivo a mercados legales. La secuencia resulta esencial. Seguridad sin instituciones produce victorias temporales. Instituciones sin capacidad coercitiva pueden convertirse en estructuras formales incapaces de imponer la legalidad. La política eficaz exige ambas cosas. El Consejo de Seguridad y la oportunidad diplomática colombiana El papel internacional de Colombia también puede reforzar esta agenda. Colombia es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2026-2027 y, según el documento, presidió el Consejo durante junio de 2026. La presencia en este órgano proporciona al país una plataforma internacional considerable. Sin embargo, conviene entender correctamente sus posibilidades. El Consejo de Seguridad no es un mando policial internacional ni una fiscalía global. Su naturaleza es política y está vinculada a la seguridad colectiva. Colombia puede utilizar esta posición para promover debates sobre las conexiones entre crimen organizado, conflictos armados, desplazamientos de población, financiación ilícita, minería ilegal, violencia electoral, protección de civiles y seguridad marítima. También podría facilitar nuevas coaliciones diplomáticas y una mayor cooperación con organismos como UNODC. Pero cualquier intento de internacionalizar esta agenda debe evitar convertir todos los fenómenos criminales en amenazas indiscriminadas a la paz internacional. El objetivo debería ser identificar aquellos casos en los que las organizaciones criminales alcanzan un nivel de capacidad que les permite controlar territorio, alimentar conflictos armados, afectar procesos electorales o amenazar infraestructuras estratégicas. México: cooperación inevitable, soberanía imprescindible México representa probablemente el principal interlocutor de Colombia dentro de una estrategia hemisférica de estas características. La creciente presión estadounidense en materia de fentanilo, extradición, sanciones, precursores químicos, control fronterizo y cooperación de inteligencia convierte la relación entre México y Estados Unidos en uno de los ejes fundamentales de la seguridad continental. Pero esa cooperación plantea una cuestión jurídica esencial: ¿bajo qué reglas debe desarrollarse? Inteligencia compartida, operaciones contra organizaciones criminales, extradiciones, uso de fuerzas armadas, protección de civiles y cooperación financiera necesitan marcos jurídicos transparentes. La cooperación internacional resulta imprescindible. La subordinación jurídica, en cambio, puede generar profundas resistencias políticas y sociales. México posee una larga tradición de defensa de la soberanía. Por ello, cualquier modelo hemisférico sostenible debería combinar eficacia operativa con garantías jurídicas claras. Ecuador, Haití, Centroamérica y el Caribe Una estrategia regional tampoco puede reducirse al eje Colombia-México. Ecuador constituye uno de los ejemplos más claros de cómo puede transformarse rápidamente el entorno de seguridad de un país. Su importancia como plataforma de salida de cocaína, la relevancia de sus puertos, la fragmentación criminal y la crisis penitenciaria han generado una presión creciente sobre las instituciones. El documento señala que los asesinatos aumentaron aproximadamente un 30% durante 2025, según informaciones de Reuters citadas en el texto. Haití representa un caso todavía más extremo. La debilidad institucional, la expansión territorial de bandas armadas y la crisis humanitaria muestran qué ocurre cuando el Estado pierde la capacidad efectiva de garantizar seguridad y administrar territorio. Costa Rica y Panamá, tradicionalmente percibidos como países con mayores niveles de estabilidad institucional, tampoco están aislados. Sus puertos y corredores logísticos los convierten en puntos importantes para las rutas internacionales que conectan América Latina con Europa. El crimen organizado busca permanentemente el eslabón más vulnerable. Cuando una ruta es cerrada, aparece otra. Cuando un puerto aumenta sus controles, se desarrollan nuevas plataformas logísticas. Cuando se bloquea una estructura financiera, aparecen intermediarios diferentes. El llamado “efecto globo” ya no es únicamente geográfico. También es financiero, portuario, tecnológico y digital. La competencia geoestratégica entra en la seguridad hemisférica Existe además una dimensión que trasciende el crimen organizado. La seguridad latinoamericana forma parte de una competencia geoestratégica más amplia protagonizada fundamentalmente por Estados Unidos, China y la Unión Europea. Estados Unidos dispone de herramientas relacionadas con seguridad hemisférica, inteligencia, sanciones financieras, cooperación militar, lucha antidrogas y control fronterizo. China ha construido una posición muy diferente mediante comercio, infraestructuras, financiación, puertos, telecomunicaciones, energía, vehículos eléctricos y acceso a recursos estratégicos. La Unión Europea aporta acuerdos comerciales, regulación, cooperación técnica, transición digital y mecanismos como Global Gateway. El verdadero dilema para América Latina no debería ser escoger entre una potencia y otra. La cuestión esencial es disponer de instituciones suficientemente fuertes para negociar con todas ellas protegiendo los intereses nacionales. Una inversión en un puerto, una infraestructura digital, una red 5G o una explotación minera pueden convertirse en instrumentos de desarrollo. Pero sin capacidad regulatoria, transparencia y Estado de derecho, también pueden generar dependencias estratégicas. La seguridad de las cadenas de valor será, por tanto, tan importante como la seguridad tradicional. La arquitectura jurídica necesaria Cualquier estrategia hemisférica duradera necesita una arquitectura jurídica clara. La primera pieza es la inteligencia compartida. La cooperación de inteligencia puede proporcionar resultados extraordinariamente rápidos, pero debe estar sometida a controles, trazabilidad, finalidad jurídica y protección de fuentes. La segunda es la cooperación judicial. Las pruebas obtenidas en distintos países deben poder ser utilizadas ante los tribunales. La cadena de custodia digital, la asistencia jurídica internacional y los procedimientos de extradición necesitan reglas compatibles. Una operación policial puede ser espectacular, pero si las pruebas son anuladas posteriormente, el resultado estratégico puede ser nulo. La tercera pieza es la recuperación de activos. El crimen organizado debe ser combatido también a través de su balance financiero. Decomiso, extinción de dominio, identificación del beneficiario final, registros mercantiles, control de empresas pantalla y cooperación financiera internacional deberían situarse en el centro de la estrategia. La cuarta pieza es la protección de quienes sostienen la legalidad. Jueces, fiscales, policías, periodistas, testigos, alcaldes y funcionarios honestos se convierten con frecuencia en objetivos directos de las organizaciones criminales. Un Estado que no puede proteger a quienes aplican la ley terminará perdiendo capacidad institucional. Finalmente, las cárceles deben considerarse parte de la seguridad nacional. En numerosos países latinoamericanos las prisiones han funcionado como centros de mando de organizaciones criminales. La reforma penitenciaria no es, por tanto, una cuestión secundaria. ¿Qué debería hacer Colombia para liderar? Si Colombia pretende desempeñar un verdadero liderazgo regional, debería pasar del discurso a una política de Estado. La primera prioridad debería ser medir. La región necesita estadísticas fiables, homogéneas y comparables sobre homicidios, extorsión, cultivos ilícitos, producción, incautaciones, corrupción, condenas, activos decomisados y desplazamiento interno. La segunda prioridad debería ser concentrar recursos. Dispersar capacidades limitadas por todo el territorio reduce eficacia. Los municipios, puertos, cárceles y corredores estratégicos que concentran una parte significativa de las economías ilícitas deberían recibir intervenciones integrales. La tercera prioridad debería ser institucionalizar la cooperación. Gobernadores y alcaldes no pueden ser simples espectadores de políticas diseñadas desde las capitales nacionales. La cuarta debería ser regionalizar. Las redes criminales colombianas atraviesan Ecuador, Panamá, Costa Rica, Brasil, Perú, el Caribe y México. Las instituciones responsables de combatirlas deben desarrollar una capacidad equivalente de cooperación. La quinta prioridad debería ser legitimar la estrategia internacionalmente. Colombia podría utilizar su presencia en Naciones Unidas para impulsar una agenda técnica, basada en evidencia y cooperación jurídica, evitando convertir la seguridad en un instrumento ideológico. De las cumbres a las sentencias Uno de los problemas recurrentes de la cooperación internacional es que sus resultados se miden en reuniones, declaraciones y fotografías. Debería medirse exactamente al contrario. ¿Cuántas redes criminales fueron realmente desmanteladas? ¿Cuántos activos fueron recuperados? ¿Cuántos funcionarios corruptos terminaron condenados? ¿Cuántos puertos mejoraron su trazabilidad? ¿Cuántas comunidades dejaron de pagar extorsión? La cooperación eficaz necesita cuatro niveles simultáneos. El nivel político establece confianza y prioridades. El nivel operativo identifica objetivos, rutas, finanzas, cárceles y puertos. El nivel judicial transforma inteligencia en prueba y prueba en sentencia. Y el nivel social impide que los mercados criminales reconstruyan las mismas estructuras una vez terminada una operación. Si falla uno de estos niveles, toda la estrategia se debilita. Los riesgos de una política equivocada América Latina ha experimentado durante décadas estrategias muy diferentes frente a la inseguridad. La militarización puede reducir determinados indicadores a corto plazo, pero también puede generar abusos, nulidades procesales o dependencia excesiva de las fuerzas armadas. La negociación con actores criminales puede disminuir temporalmente determinados niveles de violencia, pero puede igualmente ofrecer tiempo, legitimidad o capacidad de reorganización a las redes ilegales si no existen mecanismos sólidos de verificación y sanción. La cooperación internacional sin garantías de soberanía jurídica puede producir rechazo político y social. Y la manipulación o falta de transparencia de los datos destruye la confianza institucional. Si la sociedad deja de creer las estadísticas oficiales sobre homicidios, desapariciones, cultivos, extorsión o condenas, cualquier política de seguridad corre el riesgo de convertirse en propaganda. El equilibrio necesario es complejo: fuerza legítima, inteligencia, justicia, finanzas, prevención, garantías y control democrático. No existe un atajo sencillo. Tres escenarios hacia 2028 El documento plantea tres escenarios posibles para la región durante los próximos años. El primero podría definirse como estabilización selectiva. En este escenario, los Estados no eliminan el crimen organizado, pero recuperan determinados municipios, puertos, cárceles, fronteras y circuitos financieros. Sería probablemente el escenario más positivo y, al mismo tiempo, más realista. El segundo escenario sería una fragmentación administrada. Los gobiernos consiguen contener determinados picos de violencia, pero no recuperan plenamente territorios, sistemas penitenciarios o corredores logísticos. El crimen continúa funcionando dentro de un equilibrio inestable. El tercer escenario sería un deterioro acelerado. Captura de gobiernos locales, violencia electoral, corrupción aduanera, crisis migratorias, debilitamiento institucional y expansión de mercados criminales podrían combinarse hasta generar una crisis regional mucho más profunda. Los indicadores tempranos serán relativamente claros: aumento de la extorsión empresarial, ataques contra jueces y autoridades locales, control criminal de prisiones, corrupción portuaria, caída de inversión, nuevas rutas ilícitas y desplazamiento de población. Seguridad, soberanía y Estado de derecho La gran conclusión es que el crimen organizado representa hoy una amenaza directa a la soberanía efectiva. No necesita conquistar formalmente un Estado. Le basta con controlar un puerto, una prisión, una aduana, un juzgado local, una contratación pública o una calle donde nadie se atreve a denunciar. Colombia tiene condiciones para desempeñar un papel más importante en la construcción de una respuesta hemisférica. Pero ese liderazgo dependerá de su capacidad para institucionalizar políticas, recuperar territorio, generar datos fiables, combatir las finanzas criminales y construir cooperación jurídica internacional. México será inevitablemente uno de los socios centrales de esa arquitectura. Sin México difícilmente puede existir una estrategia hemisférica realista, porque la frontera norte, el mercado estadounidense, las armas, el fentanilo, los precursores y las grandes redes criminales atraviesan directamente su territorio y su experiencia institucional. La cooperación con Estados Unidos, Europa y los países latinoamericanos será igualmente imprescindible. Pero deberá realizarse con reglas, controles jurídicos y respeto a la soberanía. En última instancia, el Estado de derecho no constituye un obstáculo para una política de seguridad eficaz. Es exactamente lo contrario. Es lo que permite que una estrategia de seguridad sobreviva a un cambio de gobierno, resista ante los tribunales, obtenga confianza ciudadana y transforme victorias policiales temporales en estabilidad institucional. La seguridad hemisférica será jurídica, institucional y cooperativa, o difícilmente podrá ser sostenible. Fuentes principales El texto se basa en las referencias recogidas en el documento de la SEI: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, UNODC, Naciones Unidas, GI-TOC, SOUTHCOM, Semana, Reuters, Associated Press, InSight Crime, Brookings, CFR y Security Council Report.